Un informe especial de la Contraloría General del Estado ha encendido las alarmas sobre el tercer contrato de la empresa pública PROGEN con la...
Un informe especial de la Contraloría General del Estado ha encendido las alarmas sobre el tercer contrato de la empresa pública PROGEN con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) para la provisión de energía en Catamayo, provincia de Loja. El documento, de más de 100 páginas, señala serias deficiencias y un posible sobrecosto que afecta al Estado. El contrato, suscrito en noviembre de 2019 y vigente hasta 2034, tenía como objetivo principal garantizar un servicio eléctrico estable en el cantón. Sin embargo, la Contraloría encontró que PROGEN adquirió un excedente de energía significativamente mayor al que realmente necesita la localidad, lo que genera un gasto innecesario. Hallazgos Clave del Informe: Sobredimensión del Contrato: Se contrató una potencia de 3.2 megavatios (MW), pero la demanda máxima histórica de Catamayo apenas alcanza los 2.5 MW. Esta diferencia representa un exceso del 28%, por el cual el Estado paga sin utilizarlo. Falta de Sustento Técnico: El estudio de demanda que justificó el volumen de energía comprada carecía de un análisis profundo y actualizado, omitiendo factores esenciales como la eficiencia de la red local y la capacidad de la subestación existente. Posible Daño Patrimonial: La Contraloría advierte que esta discrepancia implica un probable detrimento económico para el Estado, al incurrir en costos por una capacidad que no se utiliza. Se recomienda cuantificar el posible perjuicio. Irregularidades en el Proceso: El informe señala que el contrato se adjudicó mediante una "cotización previa" en lugar de un proceso de licitación más transparente y competitivo, lo que pudo limitar la obtención de mejores condiciones para el interés público. Recomendaciones y Respuestas: El organismo de control ha urgido a PROGEN y a la EERSSA a reevaluar conjuntamente la demanda real y a negociar una reducción del excedente de potencia contratada, con el fin de optimizar el gasto público. En su defensa, PROGEN sostiene que el contrato asegura el suministro eléctrico ante un crecimiento futuro de la demanda y alega que la metodología utilizada para el cálculo fue técnica. No obstante, la Contraloría mantiene que las fallas en la justificación inicial persisten. Este caso pone bajo escrutinio los mecanismos de planificación y contratación de las empresas públicas, subrayando la necesidad de rigor técnico y transparencia en el uso de los recursos estatales para evitar gastos superfluos.
